¿Hacia una nueva política penal y carcelaria en Estados Unidos?
Prisioneros en el jardín de la una cárcel en el Estado de California. Justin Sullivan/Getty Images
He aquí las razones tras el cambio de tendencia en las políticas penitenciarias del país en relación a los delitos por posesión y tráfico a pequeña escala de drogas.Prisioneros en el jardín de la una cárcel en el Estado de California. Justin Sullivan/Getty Images
Prisioneros en el jardín de la una cárcel en el Estado de California. Justin Sullivan/Getty Images
Entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre serán excarcelados del sistema de prisiones federal estadounidense unos 6.000 presos. La mayoría de ellos cumplen condenas por delitos relacionados con la posesión y el tráfico a pequeña escala de drogas que, sin embargo, la legislación previa consideraba delitos graves. Hace unos meses, un cambio en las directrices para el establecimiento de sentencias rebajó –con efectos retroactivos–la gravedad de delitos como pequeños hurtos y posesión de drogas. Cuando se complete este proceso se iniciará otro similar que durará hasta noviembre de 2016 y gracias al cual están prevista la excarcelación de otros 8.500 presos. El destino ellos será el arresto domiciliario, el traslado a casas de acogida como paso intermedio en su reinserción y, en el caso de los inmigrantes ilegales, su deportación.
Nueva tendencia
Las cárceles estadounidenses comenzaron a llenarse progresivamente desde 1971, durante de la Administración de Richard Nixon, que declaró la “guerra” al consumo de estupefacientes, calificándolo como el enemigo público número uno de Estados Unidos. Con el gobierno de Ronald Reagan, las políticas de mano dura terminaron de consolidarse. El endurecimiento de las penas de cárcel por posesión y tráfico de drogas ha condicionado en buena medida, desde entonces, la paulatina sobrepoblación de las cárceles federales estadounidenses, destruyendo las vidas de cientos de miles de personas y generando un gasto público ingente. De esa población reclusa, además, la mayoría de encarcelados –en torno a un 75%– son negros e hispanos. Y todo ello sin conseguir disminuir el tráfico de drogas ilegales: EE UU es desde hace décadas el mayor consumidor mundial de drogas ilegales. También es, por cierto, uno de los mayores mercados para las drogas psicoactivas legales: especialmente antidepresivos, ansiolíticos y somníferos. Un lucrativo negocio que, en muchos casos, ha generado también severos problemas de adicción.
El cambio de enfoque parece ser profundo entre la clase política y judicial estadounidense. Por una parte, se ha ido ampliando la permisividad del consumo de marihuana: en la mayoría de los casos con fines medicinales, pero también para su uso recreativo en el estado de Colorado. Asimismo, se han retirado las penas mínimas obligatorias por posesión de drogas: en 2010 se levantaba la obligación de imponer una pena mínima de cinco años por posesión de crack. En julio de este año, el presidente Barak Obama otorgó el indulto a 46 presos que cumplían sentencias relacionadas con delitos por drogas –el doble que en los indultos de comienzos de año–, aprovechando para destacar que esas personas no eran criminales “a pesar de haber cumplido penas de hasta 20 años de cárcel”.
El discurso de Obama se inscribe dentro de las negociaciones mantenidas desde hace dos años entre Republicanos y Demócratas para cambiar –con efectos retroactivos– las leyes que regulan delitos menores, concentrando los esfuerzos policiales, judiciales y penitenciarios en los crímenes más graves, como los violentos, y en la persecución de los jefes de los grupos que se dedican al tráfico ilegal de drogas. Hace apenas unos días se hacía público el acuerdo entre ambos partidos que, se espera, podrá materializarse pronto en la aprobación de nuevas leyes que reduzcan la sobrepoblación carcelaria.
El nuevo enfoque sobre las penas –favorecido por organizaciones de la sociedad civil y por un sector de la comunidad académica dedicada a estudiar estos asuntos– no se basa sólo en consideraciones morales, ni en la simple admisión del error histórico que ha supuesto el enfoque mantenido durante las últimas cuatro décadas. La realidad económica también ha condicionado este cambio: el coste de mantener el actual sistema federal de prisiones representa unos 7.000 millones de dólares, aproximadamente un cuarto del presupuesto total del Departamento de Justicia. De los algo más de 200.000 presos federales, en torno a la mitad cumplen sentencias relacionadas con drogas. Mientras que la población estadounidense se ha incrementado en un 30% desde 1980, la población carcelaria de las prisiones federales se ha incrementado en un 800% desde ese mismo año. Todo ello en un marco general de reducción significativa de los crímenes violentos y contra la propiedad en los últimos lustros. El sistema federal de prisiones, además, sufre un 40% de sobrepoblación. Con las nuevas directrices sobre imposición de penas, se calcula que entre 40.000 y 45.000 presos podrían ver reducidas sus condenas.
Los estados también afrontan reformas
Además del Sistema federal de prisiones, cada estado cuenta con su propia red de cárceles. Las leyes penales, además, varían sustancialmente entre ellos. Sirva el ejemplo de California, el estado más poblado de EE UU, que lleva unos años implementando nuevas medidas para reducir la población reclusa.
Todo comenzó por una sentencia de la Corte Suprema estadounidense dictada en 2011: el Estado de California debía reducir la población reclusa en 33.000 plazas. En la base de esa sentencia se encontraban las duras condiciones de salubridad que se vivían en un sistema de prisiones diseñado para contener casi la mitad de presos de los que soportaba. No todos esos reclusos han sido liberados: buena parte de ellos, con delitos menos graves, han sido reubicados en cárceles locales. El Estado ha conseguido extender el plazo de cumplimiento de la sentencia, que ahora terminará a comienzos de 2016.
Aprovechando las elecciones para gobernador que se celebraron el pasado noviembre, los votantes californianos tuvieron que decidir si daban su visto bueno a la Proposición 47: se rebajaría la entidad de algunos delitos graves a la categoría de delitos menores, siempre que no hubiese mediado violencia. En esta rebaja de condena se incluían varios delitos relacionados con las drogas. La Proposición fue aprobada. En los primeros meses de implementación ya se había reducido la población reclusa en varios miles de presos, la mayoría puestos en libertad. Como medidas complementarias –con el dinero que se ahorrará el Estado: entre 100 y 200 millones de dólares anuales– se está tratando de establecer, además, un sistema de reinserción que ayude a los presos a encontrar un futuro fuera de las cárceles. Medidas similares a las que se llevan a cabo en Texas, el segundo estado más poblado del país, con relativo éxito. No han faltado las críticas, desde ámbitos policiales, a estas liberaciones masivas. Argumentando que es bastante probable que los índices de crimen vuelvan a subir. La evaluación sobre los resultados de este cambio de enfoque se irá realizando en los próximos meses y años. Se estima que anualmente se cometen en California unos 40.000 crímenes afectados por los cambios legislativos de la Proposición 47.
Obstáculos para el cambio
Hay muchas razones para que EE UU se haya convertido en el país con más presos, tanto en número total de encarcelados como en número de presos por cada 100.000 habitantes: morales, legales, raciales, económicas, etcétera. Entre las económicas, se ha destacado el gran peso que, en lo que va de siglo, ha adquirido la industria que se ha generado en torno a la encarcelación (incluso se exportan esos servicios a países con escaso respeto a los derechos humanos). Una industria que, como el resto de sectores en EE UU, trata de ejercer su poder mediante sólidas campañas de lobbying en las que gastan millones de dólares anuales, complementadas con generosas donaciones a las campañas de los candidatos electorales: en la actual carrera presidencial, destacan Marco Rubio y Hillary Clinton como los candidatos que más donaciones han recibido de la industria. Se ha denunciado que muchos de los contratos firmados por estas empresas con la Administración establecen cuotas mínimas de ocupación carcelaria: un enfoque economicista que chocaría frontalmente con los esfuerzos que ya están realizando para cambiar el crecimiento exponencial de la población reclusa en el país.
La industria de las cárceles privadas se ha beneficiado en los últimos años de numerosos contratos para encarcelar a los inmigrantes indocumentados en tanto se tramitaba su deportación. Desde 2009, el número de personas que han pasado por el sistema federal de prisiones por contravenir las regulaciones migratorias es mayor que la suma del número de presos encarcelados por delitos relacionados con armas, violencia o delitos contra la propiedad. ¿Continuará siendo un negocio la gestión carcelaria de inmigrantes? En buena medida, dependerá del resultado de las elecciones presidenciales que se celebrarán en 2016 y de la política migratoria que decida implementarse durante el próximo mandato. Con la fracasada reforma migratoria de la Administración Obama, muchos de los actuales delitos migratorios desaparecerían, ampliándose además los derechos de los migrantes sin papeles, que han de vivir con el temor constante a ser deportados, pasando antes por un centro de detención, público o privado.
Otros problemas: derechos y pena de muerte
El sistema de prisiones estadounidense tiene otros obstáculos además del volumen cuantitativo de su población reclusa, con los problemas de hacinamiento que comporta. Organizaciones como Amnistía Internacional llevan años denunciando el trato que se da a miles de reclusos sometidos a régimenes de aislamiento que suelen prolongarse durante años: los presos pasan hasta 22 horas al día en celdas mínimas sin acceso a programas de rehabilitación ni contacto con otras personas, salvo los carceleros.
Algunos de estos presos en régimen de aislamiento esperan la aplicación de su condena a muerte. El debate sobre la pertinencia de abolir la pena de muerte se ha incrementado en los últimos años, disminuyendo el porcentaje de estadounidenses que son partidarios de la misma, aunque aún sean mayoría. En los últimos meses se han registrado varios casos de ajusticiamientos en los que, para la inyección letal, se han empleado sustancias químicas que han convertido la ejecución en un terrible proceso de tortura.
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