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DESPUÉS DE LAS ÚLTIMAS DECISIONES POLÍTICAS

La solución al conflicto, otra vez postergada

Pablo Elorduy / Redacción

Las sentencias contra los partidos abertzales, la marcha atrás del plan Ibarretxe y los nuevos atentados de ETA marcan la agenda política vasca hasta marzo.

REPRESIÓN AL MOVIMIENTO PRO AMNISTÍA. La Ertzaintza cargó en la manifestación del segundo domingo de septiembre a favor de los presos vascos que se intentó celebrar al finalizar las regatas de La Concha en Donostia (San Sebastián)./ Amaia Zabalo

El segundo domingo de septiembre, San Sebastián (Donostia) celebraba sus regatas y la tradicional marcha a favor de los presos. La jornada terminó entre cargas, pelotas de goma y –según algunos testigos– con los disparos al aire de un policía de paisano. Pudo ser el pistoletazo de salida para una semana de decisiones en contra de la normalización de la vida política vasca. Siete días después, ETA acababa con la vida del brigada Luis Conde.

El jurista Gerardo Pisarello explica para DIAGONAL que las ilegalizaciones de ANV y el PCTV “refuerzan la impresión de que la Ley de Partidos es un instrumento ad hoc al servicio del nacionalismo de Estado”.

En este caso se da la circunstancia de que “las pruebas utilizadas para justificar la ilegalización giran en torno a sus vínculos, más que con ETA, con Batasuna”. La decisión cuestiona la propia Constitución : “Que establece que el objetivo de los partidos es expresar, no el consenso, sino el pluralismo político. No se puede forzar a un partido a no mantener relaciones con miembros de otras formaciones o a expresarse de una u otra manera, sin poner en entredicho los derechos constitucionales de asociación, de libertad de expresión o de libertad ideológica”. Paul Ríos, coordinador de Lokarri, recuerda para DIAGONAL que la decisión supone que “más de 150.000 personas ven negado su derecho a ser representadas en las instituciones. El respeto a los derechos humanos y a las libertades democráticas básicas exige que la izquierda abertzale esté presente en las próximas elecciones en igualdad de condiciones, sin tener que emplear marcas blancas”.

En declaraciones a este periódico, Juantxo Estebaranz, historiador y militante libertario, abunda en el hecho de que los votantes de la izquierda abertzale “sólo han conocido (salvo este último efímero lapso) la aplicación de la tolerancia cero” y que estas sentencias sólo suponen “el retorno al universo conocido”. La sentencia de la Audiencia Nacional contra Gestoras sigue la misma tesis “de que lo que de manera indirecta o directa beneficie a ETA es colaboración con ETA”. Pisarello estima que es un razonamiento peligroso “en el que el concepto de colaboración es tan elástico que es difícil percibir sus límites”.

Estebaranz cree que la sentencia demuestra que “cualquier arbitrariedad judicial y policial en este terreno no parece que suponga excesivos costes políticos a este Gobierno”. Por su parte, Ríos insiste en la invalidez del criterio de que “todo es ETA”. A su juicio, el modo de responder a ETA es “con más democracia y más derechos humanos. Lo contrario supone cercenar el debate en la izquierda abertzale y alimentar justificaciones para una violencia injustificable”.

Condenar la violencia
Para Paul Ríos es inaceptable que la izquierda abertzale considere la violencia de ETA “una expresión del conflicto”. No obstante, cree que la ‘no condena’ no es motivo para la ilegalización : “Si alguien pertenece a banda armada, que se le juzgue por ello con todas las garantías, pero no se puede ‘clandestinizar’ a todo un sector social”. Según Estebaranz, la condena explícita de la violencia de ETA “tiene más que ver con la asunción pública de los topes políticos que con un compromiso con una ética humanista”.

Estebaranz y Ríos coinciden en que estas sentencias no han favorecido la reflexión interna de la izquierda abertzale sobre el cese de la lucha armada. El coordinador de Lokarri considera que la persecución judicial y policial tiene el efecto de “cortar todo debate constructivo sobre la violencia”. Por su parte, Estebaranz incide en que “para que se pueda dar cualquier debate han de posibilitarse la existencia de espacios y cauces formales”.

Ríos critica la actitud socialista en contra de la consulta : “El PSOE quiere obligarnos a adoptar una solución a su medida, considerando que cualquier acuerdo que no cuente con su visto bueno no es válido. Esto tiene un nombre : derecho de veto”. Por su parte, también ETA pretende “obligar a los demás a aceptar un proceso de diálogo basado en sus condiciones y planteamientos políticos”. A la espera de que el PNV se recupere de la prohibición de la consulta y de que las próximas elecciones clarifiquen las distintas posiciones, el tira y afloja continúa. Es en este contexto en el que, según Estebaranz, se impone la teoría de los “dos demonios” en la sociedad vasca. Una teoría “que aúpa la pasividad general ante los distintos desmanes”.