Exigimos el cierre inmediato de la cárcel de Punta Coco.
La cárcel de Punta CocoEn la base aeronaval de Punta Coco, construida por el gobierno estadounidense en el año 2014, a un costo de $73.5 millones, se edifica una prisión al estilo de la que poseen los gringos en su base militar e ilegal de Guantánamo, Cuba, denunciada como una vergüenza para la humanidad por las graves violaciones a los derechos humanos que allí se practican.
La cárcel que se levanta en la isleta de Punta Coco, a 107 km de la ciudad de Panamá, es manejada por el Servicio Aeronaval y SENAFRONT, es decir la Policía Nacional, y no por el Ministerio de Gobierno al que está adscrita la Dirección General del Sistema Penitenciario Nacional.
Según las autoridades se trata de una cárcel ¡PREVENTIVA! para delincuentes de alta peligrosidad. Es decir que se trata de personas que sin ser condenadas aún por delito alguno, se les aísla totalmente de sus familiares y abogados quienes para poder visitarlos tienen que afrontar peligrosos riesgos al transportarse en lachas o sufragar onerosos gastos al hacerlo por vía aérea a la Isla de Rey, para de allí tomar una lancha.
Esta prisión ya es conocida como la nueva Coiba, en referencia a la tenebrosa isla penal que fue clausurada en 1998 después de la decapitación de varios reos durante un enfrentamientos entre bandas de delincuentes y donde no se aclaró nunca el papel jugado por la policía.
En Punta Coco los reos se les aloja en pequeñas celdas, sin agua potable ni luz eléctrica, se les permite salir al patio por 40 minutos, solos, y no todos los días, sino cuando tienen que lavar sus ropas. Son custodiados por unidades de la policía y no por custodios penitenciarios. En el lugar se indica que puede sentirse un calor infernal, de acuerdo a informes de los familiares, abogados y la Defensoría del Pueblo. Los reos no tienen contacto físico con sus familiares cuando estos logran visitarlos luego de afrontar todo tipo de vicisitudes.
Los abogados cuando visitan a sus clientes son sometidos a una revisión denigrante, a uno de ellos se le obligó desnudarse. En esas condiciones de aislamiento no hay defensa legal posible.
Retroceso en materia de derechos humanos
Varias voces se han levantado frente a lo que es sin duda una regresión en materia de derechos humanos luego de la demolición de la Cárcel Modelo y el cierre de la Isla penal de Coiba. La Comisión de Derechos Humanos del Colegio Nacional de Abogados, otros organismos de derechos humanos y representantes de la llamada sociedad civil que se supone tienen un espacio en el gobierno, han denunciado que con la construcción de esta cárcel el Gobierno de Varela viola la Constitución y las leyes nacionales, y transgrede varios convenios internacionales en materia de derechos humanos por lo que solicitan su cierre, pero el gobierno se ha hecho de oídos sordos, como también ha ignorado el reciente informe presentado por la Defensoría del Pueblo tras una visita a dicha isla.
Es más, el Gobierno ha incumplido su palabra. Ante las airadas críticas por la edificación de esta prisión, el 15 de abril de 2015, hace solo tres meses, el Ministro de Gobierno, impulsor del nepotismo y cuyo hermano, el ex ministro de la Presidencia, Roberto Henríquez, se haya implicado en los casos de corrupción del PAN; afirmó (de acuerdo a información de la Estrella de Panamá): “no sería conveniente utilizar las instalaciones de una base aeronaval para convertirla en un penal. En su lugar, la propuesta que le ha dado el Gobierno al presidente Juan Carlos Varela, dueño de la idea del penal insular, es habilitar dos pabellones de máxima seguridad en el centro penitenciario La Gran Joya”.
Ahora el Ministro afirma que los reos seguirán en Isla Coco y que se proyecta trasladar a otros a ese sitio tan cuestionado.
¿Qué llevó al gobierno a contradecirse abiertamente? No descartamos presiones gringas en este tema. Para la edificación de la prisión se destinaron 200 mil dólares.
Esta medida se puede aplicar en un futuro a los luchadores sociales
La prisión “preventiva” de Punta Coco se puede convertir en un precedente funesto. No se trata de defender delincuentes. Se trata de un tema elemental de derechos humanos, una afrenta a la dignidad humana que se puede aplicar mañana a luchadores sociales o a ciudadanos de otros países, al estilo de los procesos extrajudiciales que aplica Estados Unidos (rendición extraordinaria) donde sospechosos de terrorismo son secuestrados y enviados a cárceles clandestinas en otros países (centros clandestinos de detención de la CIA), donde son sometidos a torturas y tratos crueles, siendo muchos de ellos, como se ha comprobado, inocentes de los cargos que se le imputan.
La situación que padecen muchos de estos prisioneros, los inducen al suicidio y otros son ejecutados impunemente por sus custodios. ¿Es lo qué se quiere en la base de Punta Coco?
Aquí mismo, en Panamá, en octubre de 1996, varios manifestantes de desempleados de Colón, durante el Gobierno de Pérez Balladares, fueron condenados a 20 días de arresto en la Isla Penal de Coiba y más recientemente, hace solo 5 años, durante los 26 meses de Gobierno de Martinelli-Varela, más de 200 panameños fueron arrestados durante las protestas contra el 7% de ITBMS, y por órdenes del Alcalde panameñista, Bosco Vallarino, el coimero del video difundido por los medios, sin mediar procesos en su contra y sin ser condenados por delito alguno, se les recluyó en las cárceles de La Joya y La Joyita en abierta violación a la Constitución, al Código Penal y a los derechos ciudadanos.
Solo este fin de semana se denunció que policías (no de menores) allanaron residencias y se llevaron a jóvenes supuestamente implicados en los hechos del Instituto Nacional y conducidos al Centro de Cumplimiento de Menores de Arco Iris, Colón, de manera preventiva por los 9 meses que dure la investigación y no se les ha permitido contacto con sus familiares y abogados. Entre los detenidos se mencionan estudiantes que no estuvieron implicados en acto alguno, de acuerdo a numerosos testigos entre estudiantes y personal docente, pero las autoridades, como en el pasado, utilizan la situación para deshacerse de las voces críticas del movimiento estudiantil, inventando cargos o chantajeando.
No faltan grupos o llamados comunicadores sociales al servicio del Gobierno, quienes salen a defender este atentado a los derechos humanos aduciendo que los reos de Punta Coco se merecen eso y más. Son los mismos argumentos de quienes aplaudieron las muertes por quemaduras en el Centro de Cumplimiento de Menores de Tocumen, durante los 26 meses del Gobierno conjunto Martinelli-Varela, por parte de agentes de la Policía Nacional. Hoy se celebra el juicio por este horrendo suceso captado por las cámaras de televisión y esperamos que no se trate de otro crimen en la impunidad.
La cárcel de Punta Coco es un monumento a la incapacidad y a la desidia de las autoridades que por años no han podido frenar el alto índice de inseguridad y de criminalidad en las calles. Es una manifestación más de la justicia selectiva que dan un trato preferencial a los delincuentes de saco y corbata que al resto de los ciudadanos.
Al mejor estilo del Chapo Guzmán
Con esto también se pone de manifiesto la profunda crisis del sistema penitenciario nacional, la corrupción que la carcome, donde algunos de los detenidos en Punta Coco en su momento pudieron escapar de La Joya y la Joyita saliendo por la puerta de enfrente, como Pedro por su casa, pagando cuantiosas sumas de dinero a altos mandos policiales y custodios, al mejor estilo del Chapo Guzmán. De ello no se habla.
Las cárceles de Panamá no son centros de rehabilitación sino universidades del crimen. En muchos casos los grandes capos de la mafia logran sortear la justicia gracias a la complicidad de policías y autoridades. Las cifras oficiales reconocen que más del 60% de los asesinatos que se cometen en Panamá, quedan en la impunidad y siguen en aumento.
Como sociedad no podemos ignorar lo que acontece en Punta Coco. Hacemos nuestras las memorables palabras pronunciadas por el Papa Francisco en Bolivia durante su reciente gira por varios países hermanos de Suramérica:
“Reclusión no es lo mismo que exclusión”…. “Son muchos los elementos que juegan en su contra en este lugar, lo sé bien: el hacinamiento, la lentitud de la justicia, la falta de terapias ocupacionales y de políticas de rehabilitación, la violencia”.
Importante tarea en el proceso de reinserción, “Tarea de levantar y no rebajar; de dignificar y no humillar; de animar y no afligir. Proceso que pide dejar una lógica de buenos y malos para pasar a una lógica centrada en ayudar a la persona”… Esta actitud, agregó el pontífice argentino, “generará mejores condiciones para todos. Ya que un proceso así vivido nos dignifica, anima y levanta a todos”.
Exigimos el cierre inmediato de la cárcel de Punta Coco.
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